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CAPÍTULO 64PROYECTOS DRÁSTICOS DE HACIENDA PARA RESTRINGIR LOS GASTOS DEL ESTADO
Aprobadas
por las Cortes la Ley Municipal, (28 de junio), los Presupuestos y su
articulado, el presidente del Gobierno lee a la Cámara (5 de julio) el proyecto
de reforma constitucional. «Por primera vez en la historia política de España
—se dice en el preámbulo—, una revisión constitucional se realiza aprovechando
las posibilidades jurídicas que otorga la misma Constitución vigente. Los
regímenes preconstitucionales y las Constituciones
han tendido a la inmutabilidad, con lo cual todo cambio no tuvo más trámites
que los de la violencia.» «Surge ahora una norma superconstitucional»,
lo cual acusa «un alto grado de sentido jurídico y su práctica un feliz cambio
de rumbo en nuestras costumbres ciudadanas». «El fomento oportuno de la reforma
es éste, ya que no parece prudente aguardar a otra actividad sobreexcitada de
tal modo que la más básica ley del Estado sólo registre notas cargadas de
pasión extremista.» «No hay discordancia más torturadora y peligrosa que la que
se produce entre el espíritu de la nación y la forma jurídica destinada a
protegerle y revelarle.» «Esta propuesta está construida sobre la experiencia,
a través de las más variadas
situaciones en las que los hechos han hablado con irrebatible objetividad.»
Lo primero
que se cita como revisable son «los requisitos de aprobación modificación o
derogación de los Estatutos regionales, a fin de que no queden sin normas
precisas que los regulen», vinculadas inexcusablemente a la órbita soberana del
Estado, funciones que, como la experiencia ha demostrado, no pueden entregarse
a la autonomía regional sin grave riesgo; se trata de unificar cuanto se
refiere al derecho de familia, tutela, obligaciones y contratos que ya en lo
esencial se presentan en toda España con caracteres uniformes.
En el
proyecto se citan cuarenta y un artículos que reclaman reforma. La
relación comprende los referentes a Estatutos, adquisición de vecindad, orden
público, derecho de asociación de funcionarios, matrimonio, expropiación y
socialización sin indemnizar, enseñanza, relaciones entre las Cortes y el
Presidente de la República, Tribunales de Honor y de Garantías, amnistía y
presentación de presupuestos.
Se enumeran
también como necesitados de revisión todos los que se refieren a atribuciones
del Presidente de la República, cosa explicable por cuanto que el proyecto está
confeccionado con las mimbres proporcionadas por Alcalá Zamora en su alegato
en favor de la reforma constitucional en los tres primeros Consejos de
ministros del año. Con dicho material ha redactado el ministro Dualde su dictamen, ampliado y corregido por sus sucesores
y aprobado en Consejo de Ministros (13 de junio). El proyecto pasará a examen
de una Comisión de veintiún diputados, para ser discutido en el último
trimestre, más no se advierte gran interés y prisa por sacarlo adelante,
previsto que una vez aprobado las Cortes quedarán disueltas automáticamente y
no desean esto los promotores de la revisión. Confían en que lograrán suprimir
el espíritu agresivo del texto constitucional para situar a los españoles en
un terreno de convivencia donde se puedan dirimir civilmente y en un ambiente
de mutua comprensión las contiendas ciudadanas.
La reforma
de la legislación de jurados mixtos origina prolijas discusiones. El proyecto
autoriza al ministro de Trabajo la constitución de Jurados a título
excepcional, condiciona que los presidentes deberán ser funcionarios en activo
o excedentes de la carrera judicial, suprime los
Se pretende
que los Organismos paritarios por su falta de garantías jurídicas y de
competencia técnico-económica dejen de constituir un peligro para el
desenvolvimiento laboral del país. «El proyecto —dice el ministro (5 de julio)
— se inspira en un espíritu de independencia, en el deseo de separar a los
Jurados mixtos de toda intervención de la política y hasta cierto punto de la
Administración.»
Algunos
diputados piden al Gobierno que impida se lleven a cabo despidos y desahucios
contra el espíritu de la ley de Arrendamientos con violencia para los
arrendatarios cumplidores de sus obligaciones y pacíficos trabajadores y
habitantes del campo. Así se dice en una proposición no de ley, firmada por
diputados radicales y nacionalistas vascos (11 de julio). El diputado Irazusta
denuncia que en varias provincias se producen despidos de arrendadores en masa,
consecuencia, según el ex ministro Giménez Fernández, «de no haberse aprobado
simultáneamente las leyes de arrendamiento y de acceso a la propiedad». «Una
gran parte de lo que ocurre —añade— es el miedo al acceso a la propiedad y no
hay motivo para ello, porque cuando llegue esa ley habrá que indemnizar
religiosamente a los propietarios. El número de desaprensivos, malos españoles
que atropellan al arrendatario es ínfimo» y con su conducta se preparan el
mayor daño para ellos.» Según Álvarez Mendizábal, el 80 por 100 de los
arrendatarios están bajo la amenaza de despido. Se exagera mucho, afirma el
ministro de Agricultura. «Todavía no se ha practicado ningún despido.» El aviso
es preceptivo y se realiza para renovar los contratos con arreglo a las formas
de la nueva ley. El Gobierno actuará con toda severidad para evitar abusos o
venganzas. Algunos diputados insisten en la siguiente sesión en sus denuncias y
el ministro de Agricultura, Velayos, se ve en grave
aprieto para responder si los propietarios que no trabajan directamente la
finca pueden desahuciar. Las respuestas son ambiguas y los interpelantes exigen
contestaciones concretas. Cuando la situación parece más enredosa y complicada
acude Gil Robles en auxilio del ministro en apuros. «¿A qué tiende la
preposición?, pregunta. A evitar que al amparo de un precepto legal se puedan
cometer injusticias y abusos. Pues entonces, todos estamos de acuerdo. Y si los
firmantes de la proposición necesitan votos, les ofrecemos los nuestros, pues
si se busca un terreno de justicia tendremos que encontrarnos. Pero si se trata
de una maniobra política, daremos al caso su verdadero carácter. Al amparo de
la Ley de
* * *
Las Cortes
discuten (12 de julio) los proyectos del ministro de Hacienda. El primero, una
autorización para emitir bonos de Tesorería al 4 por 100 de interés anual,
operación —explica Chapaprieta— concebida para que el
Estado por medio del Centro de Contratación, pueda hacer frente a la demanda de
divisas extranjeras, implante el seguro de cambio y pueda —pretensión un tanto
ambiciosa— reintegrar una parte del oro que un mal día salió de España. A
continuación se lee el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre
autorizaciones al Gobierno para restringir los gastos del Estado. Los artículos
del proyecto se refieren a reorganizaciones de los servicios de los
Departamentos ministeriales: supresión de cajas especiales y exacciones que no
se hallen legalmente establecidas; reducción de gastos de personal; limitación
de los gastos de material y revisión de las concesiones de derechos pasivos La
preocupación de los diputados Vidal y Guardiola. Amado y Sierra Rustarazo, al analizar el proyecto, se centra en los funcionarios
públicos. ¿Acaso van a ser los únicos sacrificados para sanear la Hacienda? ¿En
qué proporción se harán las amortizaciones de personal? El ministro tranquiliza
a los alarmados. «El proyecto en materia de personal respetará todo derecho
legítimo; aquel que haya entrado en la Administración, por vía legal, nada
tiene que temer. El proyecto aspira a corregir abusos, y a acabar con la
vergüenza de injustas desigualdades de sueldo.» Al discutirse el articulado del
dictamen, y en su respuesta a los diputados Villanueva y Santaló,
contrarios al proyecto (16 de julio), el ministro despliega ante la Cámara el
espectáculo deslumbrante de sus planes. «No me avenía —declara— a la
posibilidad de que un presupuesto, el de 1935, que lo conceptúo malo, pudiera
tener todavía dieciocho meses de vida.» «Aspiro a que el déficit de 800
millones al final del año quede reducido a quinientos.» «Para ello se cifrarán
los gastos en su cantidad exacta, serán reforzados los ingresos, no con la
creación de nuevos tributos, sino descubriendo bases de contribución ocultas.»
«Los impuestos han llegado a tal límite en España, que hasta se explica la
defraudación, ya que hay muchos contribuyentes que no pueden pagar, sin que
desee decir con esto que justifique el proceder.» «En el mes último he logrado
un aumento de veinte millones en la recaudación. Una reforma tributaria a fondo
sólo se puede hacer con un presupuesto nivelado; entre tanto, como reza el aforismo,
producen más los tributos viejos y malos que los buenos y nuevos.»
«Para seguir
siendo ministro de Hacienda necesito esta autorización. ¿No decimos todos que
el déficit cada día es más alarmante? ¿Se puede nivelar el presupuesto de
España sin hacer economías en los gastos? Al amparo de la ley de Restricciones,
el Gobierno acometerá la reorganización a fondo de los departamentos
ministeriales, donde hay muchos servicios duplicados o inútiles.» El artículo
segundo se refiere a las cajas especiales. «He podido contar hasta sesenta y
dos. ¿Es posible que junto a un presupuesto del Estado tengamos setenta u ochenta
presupuestos parciales, en los cuales se vacía una gran parte del dinero de los
contribuyentes? ¡Estoy resuelto a acabar con esta vergüenza nacional!»
Determinadas Cajas pueden prestar un servicio a la economía incorporadas al
Estado. Si prevalecen, traerán a la Cámara su presupuesto, intervenido por el
Estado, y rendirán sus cuentas al Tribunal de la Nación.
El personal
se lleva el 37, el 38 ó tal vez el 40 por 100 del
presupuesto. ¿Hay alguien que niegue que sobra personal y, sobre todo, que está
mal distribuido? En la reglamentación de emolumentos hay una enorme injusticia.
En algunos Ministerios el personal cobra su sueldo a secas: en otros, a los
empleados entre dietas y asignaciones se les dobla su sueldo. En algún centro
los empleados cobran por no ir por las mañanas y perciben horas extraordinarias
por ir por la tarde. Hay un Ministerio donde francamente se dice: «Ingenieros
con doble jornada». Y cobran doble sueldo, incrementado por dietas,
quinquenios y horas extraordinarias. Hay organismos del Estado con funcionarios
que cobran 70 u 80.000 pesetas. Quiero defender al funcionario modesto y si
puede ser mejorarlo y acabar con esta vergüenza de la Administración española
de despilfarros y abusos. La autorización que os pedimos no es en beneficio del
Gobierno, sino de España.»
La mayoría
de la Cámara escucha complacida el discurso del ministro de Hacienda y se
muestra dispuesta a aprobar el tratamiento quirúrgico que aquél propone. Las
oposiciones y los diputados regionalistas catalanes, por el contrario,
entienden que la ley es innecesaria y perturbadora. Los que más temen son los
funcionarios, que en escrito a la Comisión parlamentaria expresan su alarma y
su miedo. Ventosa manifiesta: «Consideramos que el proyecto no es adecuado ni
eficaz. La reorganización administrativa no debe ser substraída a la
competencia, autoridad y al voto del Parlamento. El ministro ha denunciado una
serie de abusos de los empleados. ¿Es que para corregirlos necesitan de una ley
el Gobierno y
el ministro de Hacienda? ¿Qué garantías hay de que la ley de Autorizaciones
proporcione la autoridad y energía necesarias para corregir otros abusos más
graves? En cuanto a las Cajas especiales, comparto el criterio del ministro de
Hacienda Todo lo que sea acabar con los abusos existentes y tratar de la
nivelación del Presupuesto tendrá la simpatía de la opinión.»
En la
discusión de enmiendas y votos particulares para modificar algunos aspectos de
la ley se consumen varias sesiones. El ministro y los vocales de la Comisión de
Hacienda, Villalonga y Rodríguez de Viguri, contestan a los interpelantes con
espíritu transigente y benévolo.
* * *
Reaparece en
las Cortes la acusación contra Azaña y Casares Quiroga con la lectura del
dictamen (20 de julio) emitido por la Comisión especial presidida por Álvarez
Valdés. En realidad las tan alborotadas acusaciones habían quedado reducidas a
las celebradas fogatas de virutas. Desde entonces los trabajos de la Comisión
de veintiún diputados, encargada de proporcionar los documentos pertinentes al
Tribunal de Garantías, se retrasaban por el retraimiento de la mayoría de los
vocales radicales, contrarios a que prosperase la acusación. Así las cosas, al
plantearse de nuevo la cuestión se sabe de antemano que es asunto perdido; de
un lado la Lliga Catalana insiste en una actitud
contraria, porque no puede olvidar que Azaña otorgó el Estatuto a Cataluña; de
otra parte, los radicales recaban y obtienen de su jefe libertad de actuación.
Un diputado radical, Izquierdo Jiménez, sostiene, sin embargo, que
jurídicamente no hay argumento serio que oponer a que la Cámara abra un cauce
para que se enjuicie a Azaña, mientras que el diputado de la Lliga Catalana Reig califica la acusación de improcedente y
falta de fundamentos jurídicos. «El camino a seguir —afirma— no es el que
señala el dictamen; sin mirar atrás, se debe iniciar un movimiento generoso que
cree un clima espiritual de convivencia y de concordia entre los españoles.»
Añade: «Es incomprensible que se plantee este problema cuando por la ley de 24
de abril de 1934 hemos concedido una amplia amnistía para toda clase de delitos
políticos y sociales.» El presidente de la Comisión, Álvarez Valdés, no
demuestra convencimiento ni entusiasmo. Hay que mantener la acusación, porque a
juicio del fiscal existen cargos bastantes para abrir un enjuiciamiento
encaminado a depurarlos y una masa de doscientos diputados comparte ese
criterio. Álvarez Valdés
En contra de
la acusación se declaran el nacionalista vasco Landáburu y el republicano de izquierda Barcia. El pensamiento del Gobierno lo expone
Lerroux y es también de gran benevolencia: «Nada habría tan satisfactorio para
mí que dar ocasión al señor Azaña — adversario o enemigo, en esta zona o en
otra, para ahora o para siempre— para que quedase a la altura en que nosotros
queremos a todos los hombres que han servido a la República con una recta
intención.» Se trata de un problema de conciencia, y por lo tanto «mi partido
puede obrar con arreglo a ella». «En problemas de esta clase yo, como jefe del
partido, no puedo exigir subordinación a otra disciplina que la de la propia
conciencia.» Goicoechea pretende inútilmente, con evocación de hechos y recuerdo
de palabras pronunciadas en otro tiempo, reavivar la enemiga de ciertos
republicanos contra Azaña.
Prevé la
falta de votos para formalizar el quorum, y advierte que no será por culpa de cedistas, agrarios, monárquicos ni de las fuerzas de
Melquíades Álvarez. Los desertores —no lo dicen, pero todos lo saben— son los
radicales. Menos de treinta asisten a la sesión y a la hora de votar algunos de
ellos se escabullen. La votación se realiza por bolas. De 257 diputados
participantes, 189 depositan bolas negras, 68 bolas blancas. Como el número de
diputados en el ejercicio del cargo es de 442 y la mitad más uno 222, no se
logra la mayoría absoluta necesaria para que prospere la acusación.
Se desploma
cual castillo de naipes el andamiaje montado con tanta gritería para exponer a
la vindicta pública a Azaña y Casares Quiroga, como reos de maquinaciones
contra la seguridad del Estado, malversadores de
fondos y proveedores de armamento a la revolución de Octubre. Desvanecida la
polvareda, la figura de Azaña se yergue enaltecida y triunfante.
* * *
La reforma
agraria implantada durante el primer Gobierno de Azaña fue un aparatoso intento
de transformación de la propiedad de la tierra, que llevó la anarquía y la ruina
al campo. Inspiró la reforma el deseo de cumplir algunos de los compromisos
contraídos en los días de propaganda con una desaforada teatralidad política.
El propósito carecía de base racional y de recursos financieros indispensables
para indemnizar a los dueños de las fincas expropiables. En la sublevación del
10 de agosto de 1932 encontró el Gobierno pretexto para despojar a la nobleza
de sus tierras sin compensarla. El atropello desbordado en espuma demagógica
poco o nada beneficia a la empresa agraria. «A los dos años y medio largos de
República, en diciembre de 1934, la revolución sólo había dado tierra a 12.660
campesinos» (68). El problema del campo «no llegó a constituir en la política
una aspiración nacional o preocupación primordial de todos los partidos del
régimen», dice Ramos Oliveira.
Azaña no
pronunció nunca un discurso sobre la cuestión agraria. Restablecer el orden
jurídico, ordenar la producción y revalorizar la tierra, prometían las derechas
en sus propagandas mediante la reforma de la Reforma Agraria. Giménez Fernández
preparaba el proyecto de rectificación, pero el ala derecha de la C. E. D. A.
y los agrarios miraban con mucha prevención tales propósitos, desconfiados y
recelosos del catedrático, cuyas ideas avanzadas no compartían. El nuevo
ministro de Agricultura, Velayos, presenta a las
Cortes la ley modificadora de la Reforma Agraria y levanta una tempestad de
protestas de las izquierdas. Según el dictamen de la Comisión correspondiente,
se trata de «armonizar la ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932
con la realidad nacional», mediante una revisión profunda que producirá efectos
beneficiosos. El propósito fundamental es «simplificar la obra de la reforma»
con la «supresión del derecho de retracto a favor del Estado sobre las fincas
que se transmitan contractualmente a título oneroso» y el relativo a las fincas
emplazadas en lo que se denomina el «rodeo» de los pueblos. Punto capital es la
supresión de las expropiaciones sin indemnización, así como lo referente a
En líneas
generales, el proyecto agrada a los monárquicos. «Nosotros —anuncia Maura,
(20 de julio) — no hemos de oponernos, sino todo lo contrario, a su
aprobación.» «Con el proyecto, dice el cedista Rodríguez Jurado, se remediarán los grandes males producidos por la legislación
de las Cortes Constituyentes.» Otro cedista, Alcalá
Espinosa, califica la ley de poco ambiciosa, pero en su conjunto la aprueba y
elogia porque entre los defectos que remedia figura el de la expropiación a la
«grandeza de España», acordada sin indemnización en contra de lo que dispone la
Constitución El primer ataque serio contra el proyecto procede del ex ministro
Cirilo del Río. «Éste no es un proyecto de reforma de la Reforma Agraria — dice
sino de Contrarreforma, o, mejor, un proyecto de anulación total y definitiva
de la ley de 15 de septiembre de 1932.» «Os habéis dado tal maña que lo que era
un sacrificio y un freno para la propiedad privada extensa, lo habéis
convertido en un gran beneficio para ella. Con esta ley vais a admitir la
expropiación no por utilidad pública, sino por utilidad social». «No me parece
bien que se diga que vamos a estudiar la reforma de la Reforma Agraria cuando
lo que se va a intentar es destruirla. El proyecto que discutimos está hecho
sólo con la idea de indemnizar o no a los grandes de España y de resolver la
cuantía en cada caso. ¿Qué duda cabe de que toda Reforma Agraria significa un
sacrificio
El cedista Daza afirma que el proyecto contiene evidentes
aciertos. Si la Cámara se convence de ello y lo aprueba con algunas
modificaciones necesarias, «habremos hecho una obra nacional». El proyecto,
declara Sánchez Albornoz, de Izquierda Republicana, es un intento de anulación
de la ley agraria. Establece la indemnización mediante peritaje por el valor
real de la finca, con lo cual se revaloriza la tierra, según se dice en el
proyecto. La desvalorización de la tierra es un fenómeno universal y no consecuencia
de la República. Un país no puede comprarse a sí mismo y a eso equivale la ley
tal como nos la han presentado. Tendremos que arbitrar los fondos necesarios
para comprar en su justo valor media España. Si la ley se aprueba tal como
viene, los propietarios se agruparán delante de las puertas del Instituto de
Reforma Agraria para ofrecer sus fincas. Pero, ¿es negocio en la mayoría de las
tierras españolas, no ahora, sino también antes de la República, cultivarlas,
dada la pobreza de nuestro suelo? La Reforma Agraria es urgente, porque tiene
que reparar la injusticia de la vida campesina. La situación de los campesinos
se concreta en estas palabras: miseria, depauperación, raquitismo. El diputado
Blanco Rodríguez interrumpe: Yo no creo que la estadística de mortalidad sea
superior en
el campo que en la ciudad. Sánchez Albornoz continúa: En el dictamen se
suprimen los acuerdos de las Cortes Constituyentes sobre expropiaciones sin
indemnización de los grandes de España y de los señoríos jurisdiccionales. Los
grandes de España en su inmensa mayoría tienen sus tierras por regalo de los
reyes, que así premiaban servicios personales, no servicios al país. Va a ser
una Cámara burguesa la que va a regalar por segunda vez a esos grandes de
España las tierras que les regalaron los monarcas de Castilla hace cientos de
años. Las Constituyentes realizaron un acto de justicia al expropiar sin
indemnización. ¿Qué debe España a la Grandeza para que una Cámara burguesa
entregue de nuevo sus tierras a los nobles? «En nombre de estas minorías de
izquierda, os digo que cualquiera que sea vuestro acuerdo no lo respetaremos,
como no respetamos los derechos adquiridos a la sombra de vuestro acuerdo.»
«Decís que vais a hacer pequeños propietarios, y establecéis que las parcelas
van a ser indivisibles, inembargables y exigida su compra, o pagarán censo en
proporción del valor íntegro de la tierra, según la tasación pericial
contradictoria. ¿Qué clase de propiedad es esa?»
«Haced lo
que os plazca, pero la Reforma Agraria es una necesidad: quien crea que es
posible mantener el estado actual de las cosas sufre un yerro profundo. Yo que
no soy un demagogo, sino un hombre socialmente conservador, recuerdo el gesto
del Conde de Toreno subiendo ante la Mesa de las Cortes de Cádiz para depositar
la renuncia a sus señoríos. Si no queréis que mañana vuestros hijos recuerden
incluso con maldición vuestro gesto de hoy, pensad que es necesario cambiar la
distribución de la tierra de España con urgencia.»
El ex
ministro de Agricultura, Giménez Fernández, cree que Sánchez Albornoz ha
exagerado las cosas: «Muchas propiedades de los nobles proceden de la
desamortización.» «Todo lo que sea establecer la indemnización con arreglo a
una base justa me parece bien.» «Lo que hay que hacer es organizar la reforma
agraria de tal modo que todos colaboremos, y preferentemente contribuyan con un
impuesto progresivo por extensión aquellos cuya riqueza principal consiste en
grandes propiedades de tierras.
«Yo contaba
con que viniera aquí la ley de acceso a la propiedad antes que la reforma
agraria. Si ésta ha de responder a la realidad, así debe hacerse, a fin de
crear la pequeña burguesía que el campo precisa para
* * *
¿Hay alguno
entre vosotros —pregunta Primo de Rivera dirigiéndose a la Cámara— que se haya
asomado a las tierras de España y crea que no hace falta la reforma agraria?
«Ayer he estado en el pueblo de Vadolatosa, en la
provincia de Sevilla: en este sitio salen las mujeres a las tres de la
madrugada para recoger los garbanzos; terminan las tareas al mediodía, después
de una jornada de nueve horas, y se las paga una peseta. Otro caso de otro
estilo. El pueblo de Narros del Puerto, en la provincia de Ávila, lo compró una
señora en algo así como 80.000 pesetas. Esta señora tiene arrendadas todas las
casas a los vecinos y en el contrato de arrendamiento, del que tengo copia, se
establecen todas las causas de desahucio que incluye el Código Civil, y otras
por razones como esta: «La dueña podrá desahuciar a los colonos que fuesen mal
hablados.» La propietaria de este término donde nadie puede vivir, se instituye
en tutora de todos los vecinos con facultades extraordinarias. La reforma
agraria significa algo más que ir a la parcelación de los latifundios: es una
empresa atrayente y magnífica que probablemente sólo se puede realizar en
coyunturas revolucionarias, empresa que vosotros desperdiciasteis en vuestro
tiempo.»
En primer
lugar, exige una reorganización económica del suelo español, pues no todo él es
habitable ni cultivable. El tener clavados en esa tierra a los hombres es
condenarlos a una miseria que se extenderá a sus descendientes hasta la décima
generación. «No es, pues, cuestión de latifundios ni de minifundios, sino de
unidades económicas de cultivo. Una vez establecida el área habitable, se debe
instalar resuelta y revolucionariamente a la población. En este momento la
conciencia jurídica del mundo no se inclina con el mismo respeto de hace cien
años ante la propiedad territorial. Me diréis que por qué le va a tocar a la
propiedad territorial y no a la bancaria, —a la que le va a llegar el turno en
seguida— o a la industrial. Yo no soy el que lleva la batuta del mundo.»
En el
proyecto del ministro de Agricultura se dice que la propiedad será pagada a su
precio justo de tasación y se añade que no se podrán dedicar más que cincuenta
millones de pesetas al año a estas operaciones. Como para instalar a la
población campesina hacen falta ocho o diez millones de hectáreas, esto en
números redondos vale unos ocho mil millones de pesetas: a cincuenta millones
al año, tardaremos ciento sesenta años en
«Este
proyecto se mantendrá en pie hasta el próximo movimiento de represalia. Habéis
tenido que hacer frente a dos revoluciones y no más que hoy nos habéis
anunciado la tercera. ¿Creéis que es buena política para detenerla, haciendo la
afirmación más terrible de arriscamiento quiritario que ha pasado jamás por
ninguna Cámara del mundo? Hacedlo. Cuando venga la próxima revolución, ya lo
recordaremos todos y probablemente saldrán perdiendo los que tengan culpa y los
que no la tengan.»
El
regionalista catalán Florensa cree que dada la
situación del campo, anarquizado y en ruinas por la reforma agraria del bienio
socializante merced al proyecto del ministro de Agricultura se rectificarán
cosas injustas e intolerables que dañaban a la economía y a la justicia.
«Cuando el trigo no se puede vender, cuando hay que limitar el cultivo de la
remolacha y el aceite está en los depósitos, y se presenta una gran cosecha y
no sabemos lo que con ella vamos a hacer; cuando el vino tropieza con las dificultades
que conocéis, y la naranja se pudre en los puertos, ¿qué reforma agraria
queréis? ¿Qué podréis dar a esa gente que decís que tiene hambre de tierra,
cuando lo que tiene es hambre de pan? Lo que importa es exaltar el trabajo, el
esfuerzo heroico de estos abnegados hombres que por todo el ámbito de la
península luchan con las heladas y las sequías y trabajan la tierra hasta
morir.»
El Gobierno
—explica el ministro de Agricultura— contrajo el compromiso de remediar los
estragos producidos por la reforma agraria, llevando a las gentes del campo
paz y orden, a la vez que se revaloriza la propiedad, que ha perdido toda su
importancia como instrumento de crédito. Con el proyecto que se discute la
tendencia social de la primitiva reforma en nada se modifica. No sólo se
respetan los derechos de los campesinos, establecidos en la reforma del año 32,
sino que a esos campesinos vamos a hacerlos propietarios. Se impone también la
modificación de la ley porque en ella se ha infringido el precepto
constitucional de que no habrá expropiación no indemnizada y previa declaración
de necesidad social. Cuando a raíz de los sucesos de agosto de 1932 se acordó
expropiar a los grandes de España Azaña dijo que «la medida no era de justicia,
pero que había que dar una satisfacción a la conciencia republicana, porque
estábamos en pie de guerra». Por cierto que el señor Sánchez Albornoz guardó
silencio durante los tres meses de discusión de la reforma, y no dijo nada
sobre la necesidad de expropiar a los grandes de España, sin indemnizarlos.
Todos estáis conformes en que se debe indemnizar: la discrepancia es en cuanto
al modo y al cuánto. El Gobierno dice que por valoraciones contradictorias,
único procedimiento justo, y en papel de una Deuda corriente. El asentamiento
lo mantenemos como está en la ley, sin preferencias; y ese asentado será
propietario, bien porque compre la tierra en los plazos que se determinen, o
porque sobre ella se reserve un censo. La tendencia del proyecto no es de
derechas ni de izquierdas: Pretende reparar agravios, evitar atropellos y hacer
justicia. Que si la Constitución se concultó en
momentos de pasión, vamos a procurar que sea cumplida y tenga vigencia
completa.
Insiste Del
Río en que la reforma se ha de hacer cercenando la excesiva propiedad y con
indemnizaciones modestas, pues de lo contrario no habrá tal reforma; reitera
Alcalá Espinosa, de la Comisión, que la tierra está tan despreciada que nadie
tiene interés por el campo, porque no se puede saber si la finca será suya o
no, ni si les serán abonadas las mejoras que realice. Sánchez Albornoz afirma
que hasta los diputados agrarios están convencidos de la inutilidad del
dictamen. Además, «hay una pugna entre el grupo agrario y los radicales y la C.
E. D. A. Si la C. E. D. A. acepta el criterio de Giménez Fernández, rechazará
el proyecto. Estoy cansado —dice— de oír hablar de la revalorización de la
propiedad rural. ¿No hay que revalorizar también el trabajo manual y el de los
hombres de ciencia? Sostengo, agrega en respuesta al ministro de Agricultura,
el mismo criterio que en las Constituyentes. Fui yo quien planteó entonces la
* * *
Se
interrumpe el debate, porque ante la proximidad de la suspensión de sesiones,
el Gobierno recaba de las Cortes (25 de julio) la procedente autorización para
prorrogar por treinta días más el estado de alarma en catorce provincias,
además del estado de guerra en Barcelona y su provincia. El ministro de la
Gobernación, en respuesta a los que protestan contra la prolongación de este
secuestro de libertad, expone los motivos que justifican la petición. Con la
campaña de amnistía se hace una preparación revolucionaria; sirve para reunir
fuerzas, detrás de las cuales está el comunismo. A pretexto de los privilegios
de libertad lo que se busca es una situación de criminalidad, de glorificación
del delito y de preparación de las más execrables acciones. Y como el diputado
izquierdista Marco Miranda le interrumpe diciéndole que hay muchos presos
gubernativos, el ministro le contesta: «Siendo S. S. gobernador de Córdoba tuvo
en la cárcel centenares de presos gubernativos.» La autorización solicitada por
el Gobierno es concedida por 144 votos contra 15.
* * *
Se reanuda
el debate sobre modificación de la Reforma Agraria y en nombre de la Comisión,
el diputado Álvarez Lara reconoce que se han producido algunas diferencias
entre el contenido del proyecto y el del dictamen, discrepancias que pueden
desaparecer en virtud de una enmienda presentada por diputados agrarios,
radicales y cedistas, aceptada por la Comisión y que
es resultado de transacciones y coincidencias. El presidente de las Cortes
aclara que la enmienda en cuestión cambia la estructura y fisonomía general del
dictamen, y supone una serie de modificaciones a Preceptos fundamentales. El
hecho es insólito, y el diputado de Izquierda Republicana Barcia no le reconoce
validez a la arbitrariedad o acierto de una Comisión dictaminadora al hacer de
varios artículos —sobre materia que no puede tener la significación de una
norma unitaria para los efectos legislativos un solo artículo con objeto de
burlar los derechos que tienen las minorías. La discusión acalorada se hace
interminable y es Sánchez Albornoz quien pone fin con la siguiente declaración:
«Hemos llegado al convencimiento de la inutilidad de nuestro esfuerzo, La
indemnización que se ofrece a los grandes de España, a los terratenientes,
imposibilita la aplicación de la ley con la urgencia que la República exige.
Nosotros creemos que no tenemos nada que hacer aquí y para que nuestras
palabras respondan exactamente a nuestro pensamiento, voy a leer a
la Cámara la declaración que estas minorías de Izquierda Republicana hacen al
Parlamento y al país: «Primero.—El pago de las indemnizaciones que ahora
concede la ley de Reforma de la Reforma Agraria por las fincas y derechos
expropiables sin indemnización, con arreglo a lo dispuesto en la ley de 15 de
septiembre de 1932 será objeto de restitución al Tesoro en el día de mañana, a
cuyo efecto se procederá a dictar las disposiciones legislativas o
reglamentarias que fuesen precisas; bien entendido que en caso de insolvencia
del obligado a restituir, se anularán los títulos de la Deuda especial o común
con que se hubieran pagado la referidas expropiaciones. Segundo.—El pago de las
expropiaciones de fincas indemnizables, conforme a lo dispuesto en la ley de 15
de septiembre de 1932, no podrá exceder en ningún caso del valor que
corresponde a su estimación fiscal; y el exceso cobrado será igualmente
sometido a restitución en las mismas condiciones señaladas en el párrafo
anterior. Tercero.—En consecuencia de las anteriores declaraciones las minorías
republicanas y diputados de oposición que las suscriben se abstienen en
absoluto de toda colaboración en los trámites de esta ley y por lo tanto ni
presentan enmiendas ni tomarán parte en la discusión del articulado ni en la
votación de la misma.» Sánchez Albornoz concluye: «Como nosotros nada tenemos
que hacer aquí, abandonaremos el salón mientras la Cámara no entre a discutir
otro proyecto de Ley...»
En este
momento, como en todas las ocasiones difíciles, interviene Gil Robles. La
enmienda admitida por la Comisión significa por parte del Gobierno y de los
grupos de la mayoría una consideración especial a la oposición para que
reglamentariamente pueda cuadruplicar la obstrucción y no se pueda decir que al
amparo de un artículo único se pretende ahogar la discusión. La enmienda
significa un criterio de concordia a la que han llegado por mutuas
transigencias los grupos de la mayoría. Para que el Parlamento funcione
normalmente es necesario que las minorías actúen como hemos actuado los que
hemos sido oposición. Nosotros aprendimos a ser una mayoría gubernamental,
porque aprendimos a ser una minoría de oposición. Estáis en pleno derecho de
ausentaros. «Yo a la declaración leída no puedo dar otro valor que el de una
enunciación programática. La realizaréis si tenéis posibilidad dentro de un
régimen de democracia, conquistando al pueblo con ese u otro programa. En la
lucha ciudadana nos encontraremos, y el que se lleve la palma que la traiga
aquí.» Sánchez Albornoz insiste en que las minorías de izquierda se ausentarán
del Parlamento.
A la
Esquerra el debate sobre la reforma agraria —afirma el diputado Marial— no le
afecta, «porque todo lo referente al asunto en Cataluña corresponde
exclusivamente al Parlamento catalán». Miguel Maura no se resigna a contemplar
indiferente lo que ocurre. La reforma agraria ha sido postulada en la campaña
electoral de la derechas y éstas tienen razón al plantear el problema. «El criterio social que defendemos va tan
lejos como el vuestro. El Gobierno desea una política de concordia y
pacificación, sin abdicar de sus deberes. Vuestra resolución está tomada; la
nuestra también. ¿Queréis discutir? Vamos a discutir. ¿Queréis marcharos? Lo
lamentaremos, pero no por eso cambiará nuestro criterio».
* * *
La discusión
de enmiendas al proyecto de reforma agraria se realiza a marchas forzadas,
porque los diputados anhelan las vacaciones. El dictamen queda aprobado el 26
de julio (69) y la Cámara suspende sus sesiones. Ha sido un período de intenso
trabajo y de copiosa labor legislativa. El presidente de las Cortes resume de
este modo la obra realizada: «En diez meses y 119 sesiones se han estudiado y
aprobado 180 leyes.» «Pocas etapas parlamentarias —comenta El Debate— han sido
tan fecundas como la que acaba de cerrarse.»
En virtud
de las enmiendas aprobadas, se concede el acceso a la propiedad a los colonos
que lo sean desde hace diez años, que carezcan de propiedad o que la tengan
inferior a dos hectáreas de regadío y cincuenta de secano. Los lotes máximos de
propiedad que en tal caso podrán concedérseles serán dos hectáreas de regadío y
cien de secano de tierras ofrecidas voluntariamente por sus propietarios o
expropiadas por la Dirección de Reforma Agraria. El Estado las venderá a plazos
a los colonos, en cincuenta años, y la anualidad máxima será del 4,50 por 100
del valor de la finca por amortización del capital e interés. Se define el
patrimonio familiar como la superficie de terreno cultivable, con casa, si la
hubiere, en el predio poseído, y cultivada por una familia, y cuya explotación
sea suficiente para el sustento de la misma y para absorber su capacidad de
trabajo. Estos patrimonios indivisibles, inembargables, o inalienables, se
concederán a los que lleven de colonos por lo menos doce años y sean casados,
con dos hijos por lo menos, y paguen menos de cincuenta pesetas de contribución
rústica anual.
* * *
Como eco del
debate sobre la reforma agraria, resuenan las críticas agresivas de los
sectores conservadores a las intervenciones de Giménez Fernández y Primo de
Rivera, motejados de «bolcheviques blancos». ¿Qué idea tienen de los
bolcheviques mis detractores?, pregunta José Antonio (A B C, 31 de julio,
1935). «Los que hoy ante un sistema capitalista que cruje sacrificamos
comodidades y ventajas, para lograr un reajuste del mundo, sin que naufrague lo
espiritual, somos la negación del bolcheviquismo. Quizá por nuestro esfuerzo,
no tan vituperable, logremos consolidar unos signos de vida, menos lujosa para
los elegidos; peto que no transcurra bajo los signos de la ferocidad y la
blasfemia. En cambio, los que se aferran al goce sistemático de opulencias gratuitas,
los que reputan más y más urgente la satisfacción de sus superfluidades que el
socorro del hambre de un pueblo, esos, intérpretes materialistas del mundo son
los verdaderos bolcheviques. Y con un bolchevismo de espantoso refinamiento: el
bolchevismo de los privilegiados.»
* * *
La intensa
labor del ministro de la Guerra y de los técnicos militares que trabajan bajo
la dirección del general Franco cristaliza en un conjunto de disposiciones y
leyes: restablecimiento de los Tribunales de Honor, para la separación del
servicio por actos deshonrosos; reclutamiento de la oficialidad del Ejército,
reforma del Código de Justicia Militar, confirmación de empleos concedidos por
méritos de guerra, ley de voluntarios, represión del espionaje, creación de
bases orgánicas de la Aeronáutica militar. En Riosa,
a doce kilómetros de Pola de Lena, zona limítrofe entre Asturias y León, se
celebra (22 de julio) un supuesto táctico al que asiste el ministro de la
Guerra con los generales Franco, Goded y Fanjul y el coronel Aranda, jefe de la
zona exenta de Asturias. En la elección del lugar para las maniobras ha
influido el envalentonamiento de los mineros asturianos, que preparan, así lo
dicen sin rebozo, la próxima revolución.
* * *
El calor
aleja a muchos diputados de Madrid. En una Cámara semivacía Pérez Madrigal
explana una interpelación sobre el reglamento de las minas de Almadén,
redactado en época de la Dictadura de Primo de Rivera siendo ministro de
Hacienda Calvo Sotelo. Amparándose en aquél, la Sociedad Española de Mercurio,
al decir del diputado radical, ha realizado negocios ilícitos, si bien el
denunciante descarta a Calvo Sotelo, «que ha prestado prolongados y eminentes
servicios al país», de toda intervención en los turbios manejos. Calvo Sotelo
explica con profusión de datos el convenio celebrado en Italia, muy beneficioso
para España, y que permitió mejorar la explotación de las minas. «Sólo en esto
me alcanza responsabilidad.» «Si hay otros negocios en el Consorcio, el
diputado radical tendrá que buscar a quienes los hacen en las filas de su
partido, uno de cuyos miembros ha refrendado el nuevo Convenio con Italia.»
En una proposición de ley, encabezada por el diputado republicano conservador Cano López, se piden explicaciones por el cese del Inspector General de Colonias, Nombela, y del secretario general, Castro, nombrados por decreto en agosto de 1934 y destituidos por acuerdo de reciente Consejo de ministros. Pregunta si la disposición obedece a graves cargos que rocen la honorabilidad de los funcionarios y si está relacionada con una indemnización reclamada por el naviero Tayá, en nombre de la Sociedad «África Occidental». Gil Robles, que ha actuado como ponente de la cuestión, responde que el cese de los funcionarios es ajeno al asunto. La Sociedad tenía un contrato de prestación de servicios de comunicaciones con Guinea y Fernando Poo, que se rescindió por incumplimiento. La Sociedad interpuso recurso contencioso-administrativo, que el Tribunal Supremo resolvió declarando la rescisión nula; el recurrente exigió de la Administración daños y perjuicios, valorados en siete millones de pesetas. La Presidencia del Consejo se dirigió al ministro de Hacienda para que designase un abogado del Estado como juez especial y un técnico en contabilidad para hacer la liquidación. Estos técnicos han fijado la indemnización en 3.033.000 pesetas. El Consejo de Estado se muestra contrario a la resolución, por cuanto que no se puede dar subvención por un servicio que no se ha prestado, y el asunto pasa al Gobierno, el cual encomienda su estudio a una ponencia de tres ministros: uno de ellos Gil Robles. El informe de la ponencia dice que no siendo posible el cumplimiento del contrato, dado el tiempo transcurrido sólo resta indemnizar a la Sociedad de daños y perjuicios, por lo cual procede ir a un expediente contradictorio de comprobación y liquidación Así las cosas, se descubre la desaparición del primer expediente de liquidación. Entretanto, según afirma Cano, alguien ordena al inspector Nombela para que, dando por firme un supuesto acuerdo del Consejo de ministros extienda un cheque contra el Banco de España por tres millones y pico de pesetas. El inspector se niega y el Consejo de ministros resuelve no acceder a la indemnización reclamada y destituir a los dos funcionarios de la Dirección de Colonias. ¿Han sido declarados cesantes en virtud de esos hechos, o no?, pregunta el diputado. El ministro de Estado —en ausencia de Lerroux — responde que el relevo de los funcionarios no tiene nada que ver con el expediente, sino que está relacionado con la reorganización de servicios de la Presidencia Para terminar, Gil Robles manifiesta: El asunto tiene vía administrativa, y en ese orden se sigue el expediente. Si se deducen hechos delictivos intervendrán los Tribunales de Justicia y si únicamente hay responsabilidad administrativa, se exigirán. * * *
La reforma
de la Ley electoral es anhelo de todos los partidos, desde el radical hasta el
monárquico, y promesa inscrita en el programa del Gobierno, estudiada por
Pórtela y Gil Robles, designados ponentes para redactar el oportuno Informe. La
ley vigente favorece con exceso las votaciones mayoritarias y desequilibra los
resultados. En reunión celebrada en la
Comisión de la Presidencia (16 de junio), a la que asisten representantes de
los grupos parlamentarios, Giménez Fernández en nombre de la C. E. D. A. se
declara en favor del sistema proporcional. Para Cambó la reforma de la Ley
electoral tiene importancia transcendental, «puesto que de ella dependerá en
definitiva la consolidación de las instituciones la convivencia de los
españoles o la caída en la anarquía». Con el sistema vigente —añade— la
desavenencia es inevitable, porque niega a las minorías la representación
adecuada y las impulsa a salir de la legalidad. Cambó propone reducir las
circunscripciones y repartir los puestos a base de lo establecido por el
artículo 21 de la ley Maura de 1907. En principio, todos los representantes se
muestran dispuestos a estudiar la propuesta, En nueva reunión, Giménez
Fernández manifiesta que la C. E. D. A. se mantiene en favor del sistema
proporcional, mientras radicales, agrarios, reformistas, regionalistas y
republicanos de izquierda se inclinan por el voto restringido, con la supresión
del quorum del 40 por 100 y la división en dos de las circunscripciones que
elijan más de diez diputados, Ahí queda estancada la cuestión, aunque en las
referencias de algunos Consejos de ministros se alude al tema como incorporado
al plan parlamentario del Gobierno. Los jefes de los grupos que integran el
bloque gubernamental confían a Lerroux, y éste acepta, el encargo de redactar
un proyecto de ley electoral «que satisfaga a todos», basado en el sistema
mayoritario en las circunscripciones pequeñas y en el proporcional en las
grandes, que no serán arriba de cuatro o cinco. En apariencia, el deseo de una
nueva Ley electoral es unánime y todos suspiran por ella. En la realidad, los
anhelos discurren por otros cauces. Las izquierdas, coaligadas como en las
elecciones de 1931 en plena efervescencia revolucionaria, tienen por seguro el
triunfo con el vigente sistema y son opuestas a la reforma. A la C. E. D. A. el
espectáculo de sus concentraciones le ha hecho formarse una conciencia de
superioridad irresistible, cualquiera que sea la ley que reglamente el
sufragio. Gil Robles pide con insistencia lucha y se declara invencible con sus
legiones de votantes. «En esta farsa siniestra de la ley electoral — escribe
Pía— está una de las causas más claras de la catástrofe que se avecina».
* * *
Otro de los
argumentos principales de la revolución contra la Monarquía en los meses que
precedieron a la caída de ésta se desvanece, con el
CAPÍTULO
65
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